Una de las prioridades del entonces incipiente Instituto de la Mujer cuando fue creado en 1983 por el gobierno socialista de Felipe González, fue la de establecer un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en todos los ámbitos para de esta manera poder desarrollar los ansiados planes de Igualdad.

Para llevar a cabo el estudio, Situación social de la mujer, realizado por el equipo de su entonces directora Carlota Bustero, se tuvieron que realizar estadísticas desagregadas por sexo para obtener una visión realista de la verdadera situación de las mujeres en todos los sectores. Este fue el inicio de una serie de políticas públicas que se fueron implementando, con mucho esfuerzo, para paliar el desequilibrio estructural entre hombres y mujeres que España padecía después de 40 años de una férrea dictadura patriarcal.

Desde hace ya varias décadas, las ideas posmodernas sobre el relativismo identitario han ido calando en la sociedad hasta su culminación con la redacción y aprobación de las llamadas leyes de identidad de género en muchos países, leyes que coinciden todas en elevar el género, considerado por el feminismo un concepto analítico, a categoría identitaria y a confundir los conceptos sexo y género llegando a ponerse en cuestión la existencia del sexo como una categoría biológica y jurídica.

Estas teorías que abrazan creencias acientíficas que niegan la biología, hablan de cerebros sexuados y afirman que algunas personas nacen en cuerpos equivocados, chocan frontalmente con el feminismo político que ha afirmado desde sus orígenes que el sexo es la base de la discriminación que sufrimos las mujeres.

La introducción de estas nuevas leyes en los ordenamientos jurídicos ha puesto en alerta al movimiento feminista provocando una movilización a nivel global. Asociaciones feministas de todas partes del planeta se han activado para intentar neutralizar lo que se está llamando “El borrado de las mujeres”.

Nuestro país, en consonancia con algunos países de su entorno, ha sucumbido a esta nueva ola o tendencia de deconstrucción de las identidades y se han aprobado en la última década más de una decena de leyes autonómicas que recogen entre sus principios la autodeterminación de género, culminando en la actualidad con una proposición de ley presentada en el congreso por el grupo parlamentario Unidas Podemos/En Comú Podem/ En Marea.

Estas nuevas normas, inspiradas en los principios de Yogyakarta, cuestionan las categorías biológicas hombre y mujer e introducen el concepto género en sustitución del concepto sexo como categoría a proteger. Defienden el derecho a la autodeterminación del sexo sin exigir “en ningún momento, proceso o trámite la aportación de medios probatorios de aquella” Introducen conceptos como la expresión de género, definida, vuelvo a citar textualmente, como la “Forma en la que cada persona comunica o expresa su identidad sexual a través de conductas. forma de vestir. lenguaje o gestos corporales”.

Con la aprobación de esta normativa, cualquier persona “sin limitación por razón de la edad, sexo, estado civil, diversidad psíquica o funcional, orientación sexual, situación sociocultural, político-administrativa o cualquier otra condición personal podría autodeterminarse hombre o mujer “con efectos jurídicos plenos en todos los ámbitos” por medio de algo tan subjetivo como la autodeterminación personal de su expresión de género.

No queremos ahondar en las nefastas consecuencias que se derivarían de la implementación de esta normativa sobre la infancia, el colectivo homosexual, la seguridad de las mujeres o las políticas de acción positiva,  pero si queremos alertar de que la desaparición de las categorías biológicas hombre y mujer en las nuevas propuestas de legislación supondría un retroceso en las valoraciones de los estudios segregados por sexo invisibilizando la situación real de las mujeres, lo cual haría un flaco favor a los escasos estudios que comienzan a realizarse en nuestro sector.

Por tanto, debemos estar alerta ante cualquier política que pueda poner en riesgo el trabajo y la lucha de casi cuatro décadas de feminismo en nuestro país. Hacemos también un llamamiento a nuestras representantes políticas para que escuchen a las asociaciones feministas y propicien un debate parlamentario sosegado y sin prisas antes de aprobar leyes que, como se ha demostrado en otros países, van a poner en riesgo los derechos de las mujeres.